1962-1966
Joaquín Balaguer pidió asilo político en Nunciatura Apostólica
Juan Francisco Matos Espinosa
Noticias Barahona
Diez
meses después del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo,
Balaguer, uno de sus principales colaboradores, marchó al exilio
El pasado 12 de marzo se cumplieron los cincuenta años de que el doctor Joaquín Balaguer saliera al exilio en Puerto Rico, luego de permanecer durante casi dos meses refugiado en la Nunciatura Apostólica, en la Máximo Gómez esquina César Nicolás Penson, próximo a su residencia.
El gobierno de turno, el Consejo de Estado presidido por el licenciado Rafael F. Bonelly, tomó la decisión de permitir la salida del ex presidente Balaguer, no obstante la férrea oposición del partido Unión Cívica Nacional (UCN), cuyos dirigentes postulaban que fuera sometido a la justicia.
El exmandatario viajó acompañado de su secretario, Rafael Bello Andino y del doctor Eudoro Sánchez y Sánchez. El chofer que condujo la comitiva hasta el aeropuerto Las Américas, entonces Punta Caucedo, fue Juan Ayala, quien laboraba en el departamento de ingeniería de la Secretaría de Agricultura, donde fue enviado luego de la clausura del Partido Dominicano, donde laboró por varios años.
Ayala era un ferviente seguidor de Balaguer y en reconocimiento e identidad con esa pasión los familiares y colaboradores más cercanos lo prefirieron para que trasladara al político hasta su salida al exilio.
“Dotoi Balaguer, tese tranquilo, que pronto ute vuelve a sei presidente”, expresó Ayala al ex presidente desde que se encontraron en los pasillos de la sede diplomática. Y al despedirlo en el avión, Ayala volvió y le repitió: “Üté ei hombre que entiende a este pueblo, y por eso pronto lo vamo a tenei en la Presidencia”.
La profecía del chofer cibaeño se convirtió en realidad y cuatro años después el líder reformista retornó al poder luego de ganar las elecciones del primero de junio de 1966. Desde que asumió la posición, Balaguer encargó a Bello localizar a Ayala en la Secretaria de Agricultura.
Bello reparó al Presidente que el chofer “no es ingeniero agrónomo” y Balaguer le ripostó: “Yo no le he dicho que es ingeniero… he recomendado que lo nombre Subsecretario de la Presidencia”.
La salida de Balaguer al exilio se derivó de la más profunda crisis política registrada seis meses después del ajusticiamiento de Trujillo, cuando a fines de noviembre de 1961 se decretó una huelga general contra el Gobierno, que durante once días mantuvo paralizado al país.
Después de múltiples conversaciones y de complacer exigencias de la UCN se acordó formar un Consejo de Estado presidido por Balaguer y compuesto, además, por el licenciado Bonelly, primer vicepresidente; Dr. Eduardo Read Barreras, segundo vice, y como miembros el Dr. Nicolás Pichardo, monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Antonio Imbert Barreras y Luis Amiama Tió.
El consejo, que tenía funciones ejecutivas y legislativas, inició sus funciones el primero de enero de l962, pero dos semanas después, el 16 de enero, el cuerpo colegiado fue depuesto por el general Pedro Rodríguez Echavarría, que era el secretario de las Fuerzas Armadas.
En su lugar y por recomendaciones de Balaguer, fue constituida una Junta Cívico-Militar, que se posesionó el 17 de enero del mismo año.
La integraban Huberto Bogaert, como presidente, y los miembros Armando Oscar Pacheco, Imbert Barreras, Amiama Tió y los oficiales de las Fuerzas Armadas Enrique Valdez Vidaurre, Wilfredo Medina Natalio y Neit Nivar Seijas.
En la juramentación de la junta balaguerista acopio de la frase de un legendario líder político colombiano “Más vale un
presidente muerto, que un presidente fugitivo”.
Pero al día siguiente, la junta de Bogaert fue derrocada y oficiales del Ejército redujeron a prisión a Rodríguez Echavarría y repusieron al Consejo de Estado, sin el Dr. Balaguer.
El licenciado Bonelly asumió la Presidencia de la República y el doctor Donald Reid Cabral fue integrado a formar parte del nuevo organismo.
El Consejo concentró su trabajo en la organización del país para la celebración de las elecciones generales fijadas para el 20 de diciembre de 1962, que fueron ganadas por el profesor Juan Bosch y su Partido Revolucionario Dominicano.
El pasado 12 de marzo se cumplieron los cincuenta años de que el doctor Joaquín Balaguer saliera al exilio en Puerto Rico, luego de permanecer durante casi dos meses refugiado en la Nunciatura Apostólica, en la Máximo Gómez esquina César Nicolás Penson, próximo a su residencia.
El gobierno de turno, el Consejo de Estado presidido por el licenciado Rafael F. Bonelly, tomó la decisión de permitir la salida del ex presidente Balaguer, no obstante la férrea oposición del partido Unión Cívica Nacional (UCN), cuyos dirigentes postulaban que fuera sometido a la justicia.
El exmandatario viajó acompañado de su secretario, Rafael Bello Andino y del doctor Eudoro Sánchez y Sánchez. El chofer que condujo la comitiva hasta el aeropuerto Las Américas, entonces Punta Caucedo, fue Juan Ayala, quien laboraba en el departamento de ingeniería de la Secretaría de Agricultura, donde fue enviado luego de la clausura del Partido Dominicano, donde laboró por varios años.
Ayala era un ferviente seguidor de Balaguer y en reconocimiento e identidad con esa pasión los familiares y colaboradores más cercanos lo prefirieron para que trasladara al político hasta su salida al exilio.
“Dotoi Balaguer, tese tranquilo, que pronto ute vuelve a sei presidente”, expresó Ayala al ex presidente desde que se encontraron en los pasillos de la sede diplomática. Y al despedirlo en el avión, Ayala volvió y le repitió: “Üté ei hombre que entiende a este pueblo, y por eso pronto lo vamo a tenei en la Presidencia”.
La profecía del chofer cibaeño se convirtió en realidad y cuatro años después el líder reformista retornó al poder luego de ganar las elecciones del primero de junio de 1966. Desde que asumió la posición, Balaguer encargó a Bello localizar a Ayala en la Secretaria de Agricultura.
Bello reparó al Presidente que el chofer “no es ingeniero agrónomo” y Balaguer le ripostó: “Yo no le he dicho que es ingeniero… he recomendado que lo nombre Subsecretario de la Presidencia”.
La salida de Balaguer al exilio se derivó de la más profunda crisis política registrada seis meses después del ajusticiamiento de Trujillo, cuando a fines de noviembre de 1961 se decretó una huelga general contra el Gobierno, que durante once días mantuvo paralizado al país.
Después de múltiples conversaciones y de complacer exigencias de la UCN se acordó formar un Consejo de Estado presidido por Balaguer y compuesto, además, por el licenciado Bonelly, primer vicepresidente; Dr. Eduardo Read Barreras, segundo vice, y como miembros el Dr. Nicolás Pichardo, monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Antonio Imbert Barreras y Luis Amiama Tió.
El consejo, que tenía funciones ejecutivas y legislativas, inició sus funciones el primero de enero de l962, pero dos semanas después, el 16 de enero, el cuerpo colegiado fue depuesto por el general Pedro Rodríguez Echavarría, que era el secretario de las Fuerzas Armadas.
En su lugar y por recomendaciones de Balaguer, fue constituida una Junta Cívico-Militar, que se posesionó el 17 de enero del mismo año.
La integraban Huberto Bogaert, como presidente, y los miembros Armando Oscar Pacheco, Imbert Barreras, Amiama Tió y los oficiales de las Fuerzas Armadas Enrique Valdez Vidaurre, Wilfredo Medina Natalio y Neit Nivar Seijas.
En la juramentación de la junta balaguerista acopio de la frase de un legendario líder político colombiano “Más vale un
presidente muerto, que un presidente fugitivo”.
Pero al día siguiente, la junta de Bogaert fue derrocada y oficiales del Ejército redujeron a prisión a Rodríguez Echavarría y repusieron al Consejo de Estado, sin el Dr. Balaguer.
El licenciado Bonelly asumió la Presidencia de la República y el doctor Donald Reid Cabral fue integrado a formar parte del nuevo organismo.
El Consejo concentró su trabajo en la organización del país para la celebración de las elecciones generales fijadas para el 20 de diciembre de 1962, que fueron ganadas por el profesor Juan Bosch y su Partido Revolucionario Dominicano.
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Juan
Bosch y el PLD derrotaron a Viriato Fiallo y la UCN
hoy.com.do
La
historia electoral post Trujillo tuvo en su comienzo como punto
culminante el 20 de diciembre de 1962, cuando los dominicanos adultos
concurrieron a las urnas para elegir de manera democrática al
Presidente de la República. El período electoral transcurrió con
las tensiones propias de una sociedad que salía de una dictadura de
más de 30 años. La Presidencia de la República fue ganada por el
profesor Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano, con el
59% de los votos. En segundo lugar quedó Viriato Fiallo y Unión
Cívica Nacional, con el 30%.
Los
votantes. La JCE, en los datos del 62, reporta que se emitieron
1,054,944 millones de votos válidos, pero no establece el
total de inscritos en el padrón electoral. La población del país
ascendía entonces a 3.2 millones.
La
década de 1960 representó para la República Dominicana la
transición democrática, el cambio, a sangre y fuego, de un modelo
tiránico por un esquema de respeto a las libertades públicas que se
consiguió tortuosa y lentamente.
Tres
hechos abrieron esa trinchera: el asesinato del dictador Rafael
Leonidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961; las primeras elecciones
libres, el 20 de diciembre de 1962, y la Revolución de Abril de
1965, hazaña con la que se pretendía reponer al depuesto presidente
legítimamente electo en los comicios citados.
Pero
para llegar a las elecciones del 62, en las que concurrieron
ocho organizaciones en vez del omnipresente y trujillista Partido
Dominicano, la sociedad de entonces tuvo que vencer los obstáculos
impuestos por los remanentes de la tiranía.
Con
la caída del régimen, en 1961, el Estado quedó en manos de
Joaquín Balaguer, a la sazón presidente de la República desde el
tres de agosto de 1960, cuando sustituyó a Héctor Bienvenido
Trujillo, hermano del dictador.
Lo
que ocurrió a partir de la muerte de Trujillo se traduce en dos
palabras: inestabilidad política.
No
era para menos. La familia Trujillo hacía esfuerzos por permanecer
en el poder a través de sus marionetas, mientras la reacción
popular se encaminaba a borrar las huellas físicas del régimen
desmantelando estatuas, tarjas o saqueando el patrimonio de quien
convirtió al país en su feudo.
La
ira social se manifestó a través de las denominadas turbas que
clamaban justicia, y que luego se convirtieron en bandas de
asaltantes, según publicó en un análisis en la Revista Ahora, el
periodista Juan José Ayuso.
La
permanencia de los familiares de Trujillo mantuvo prendida la llama
del descontento. Con la salida de los últimos reductos –Héctor
Bienvenido y José Arismendy, en noviembre, se empezó a vislumbrar
la posibilidad de una transición democrática.
Presencia
política. En el último semestre de 1961 comenzaron a sacar cabeza
los protagonistas del proceso electoral del año siguiente.
El
cinco de julio llegaron al país tres miembros del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD): Ángel Miolán, Ramón A. Castillo y
Nicolás Silfa. Cuatro días después, Manolo Tavárez
Justo sacó de la clandestinidad a la agrupación 14 de
Junio, y el once de ese mismo mes apareció la Unión Cívica
Nacional, dirigida por Viriato Fiallo, y que nació como una
organización patriótica, apartidista.
El
20 de octubre del 61 regresó Juan Bosch, principal dirigente
del PRD, quien estuvo en el exilio durante 24 años.
La
destrujillización. Como Balaguer representaba al antiguo régimen,
se generó una presión social para que dejase el gobierno y se
comprometiera a crear las bases para elección de un nuevo presidente
de la República.
Para
complacer a sus adversarios inició un proceso de destrujillización,
mediante el cual disolvió a Los paleros de Balá, un grupo
paramilitar que reprimía a los opositores, le devolvió el nombre de
Santo Domingo a la capital del país, pues desde 1936 se llamaba
Ciudad Trujillo; permitió la formación de partidos y la
libertad de expresión, y disolvió el Partido Dominicano.
Nada
de eso fue suficiente, por lo que enfrentó una huelga
general organizada por la Unión Cívica Nacional, a la que se
unieron los demás partidos. La protesta duró 12 días bajo la
consigna Navidad sin Balaguer.
Presionado,
Balaguer reformuló el gobierno creando un Consejo de Estado
presidido por él, e integrado por Rafael Filiberto Bonnelly, como
primer vicepresidente; Eduardo Raúl Barreras, segundo
vicepresidente; como miembros monseñor Eliseo Pérez Sánchez,
Nicolás Pichardo; y Luis Amiama Tió y Antonio Imbert
Barreras, sobrevivientes del tiranicidio.
Enero
rojo. Lo que ocurrió entre enero y diciembre del 62 fue
un proceso de agitación social y política signado por las ansias de
un verdadero cambio democrático, así como por una fuerte crisis
económica.
Las
protestas continuaron porque ni el Consejo de Estado satisfizo las
demandas de la población, ni Balaguer renunció para organizar
elecciones tal como prometió. La Unión Cívica estuvo al
frente de esos movimientos de protesta, que se hicieron más fuertes
en las inmediaciones del Parque Independencia.
El
poder reaccionó: el 12 de enero un contingente, al mando de
Manuel Antonio Cuervo Gómez, ametralló a la multitud que escuchaba
las alocuciones de los dirigentes de Unión Cívica, dejando un saldo
de cinco muertos y un centenar de heridos.
Golpe
de Estado. Algunos historiadores reseñan que con la anuencia de
Balaguer, el 16 de enero el general Pedro Rafael Ramón Rodríguez
Echavarría derrocó el Consejo de Estado y dio paso a una
efímera junta cívico-militar integrada por Armando Oscar Pacheco,
Luis Amiama Tió, Antonio Imbert Barreras, el contralmirante Enrique
Valdez Vidaurre, el coronel del Ejército Neit Rafael Nivar Seijas, y
el coronel piloto Wilfredo Medina Natalio.
La
intención golpista fue abortada por la agitación popular, la
intervención de los Estados Unidos y del general Miguel Rodríguez
Reyes, el coronel Atila Luna y del mayor Rafael Tomás Fernández
Domínguez, por lo que se restituyó nuevamente el Consejo de Estado,
esta vez sin Balaguer, aunque presidido por Bonnelly.
Balaguer
se exilió en la Nunciatura Apostólica, y el ocho de marzo fue
expulsado hacia Puerto Rico.
Clima
de inestabilidad. En los meses posteriores continuó
la agitación social, tanto en la capital como en la región Norte, y
en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
porque no estaba muy clara ni la destrujillización ni que se
realizasen elecciones libres.
Sin
embargo, cabe destacar que el país vivía un renacer político,
porque 26 partidos competían por ganarse un espacio en el pastel del
electorado, aunque sólo tres representaban las fuerzas mayoritarias:
Unión Cívica, PRD y 14 de Junio.
De
otro lado, se sintieron las demandas del movimiento sindical por
mejores condiciones laborales, sobre todo los trabajadores de
los ingenios. También se evidenció un repunte de las empresas
privadas, cuya dimensión recoge la prensa de esa época.
Ante
las presiones, el Consejo de Estado dispuso aumentos salariales
en importantes entidades públicas, incluyendo a los maestros. Pero
nada detuvo la crisis social, y ante tantas protestas, las
autoridades decretaron, el cinco de marzo, un toque de queda
temporal, de 5:00 de la mañana a 7:00 de la noche, sobre todo
para restringir el tránsito en la capital, escenario de las
constantes protestas que ocurrían en el país.
Las
claves
1.
Los contrincantes
Las
tres principales fuerzas políticas de la época eran La
Unión Cívica; el PRD y el 14 de Junio, que no concurrió
a elecciones por sus contradicciones con el Consejo de Estado. Juan
Bosch y Viriato Fiallo, candidatos del PRD y de Unión Cívica,
respectivamente, polarizaron la contienda. El Partido Nacional y el
Partido Vanguardia Revolucionaria Dominicana se aliaron al PRD.
2.
Campaña y mensajes
Bosch,
o el líder de la libertad – como se promocionaba en los afiches-
se acercó al pueblo llano y utilizó frases como El buey que
más jala, Vergüenza contra dinero, e Hijos de machepa y tutumpotes,
en los discursos que pronunciaba a través del programa radial
Tribuna Democrática. Lo acusaban de comunista, llegando
al extremo de ir a un debate televisivo con el sacerdote
Láutico García el 17 de diciembre, para demostrar que
ese no era su pensamiento. Antes de ese debate el
PRD pidió aplazar las elecciones porque la JCE dispuso que todas las
boletas fuesen blancas, alegando que no había papel para
imprimir todos los colores de los partidos. La intervención de la
embajada de Estados Unidos, que se comprometió a donar papel de
distintos colores, puso fin a la crisis, generada, según Franco, por
un sector del gobierno que quería evitar el triunfo de Bosch.
2.
Unión Cívica
La
Unión Cívica, que puso de moda la frase !Basta ya!, en alusión a
la necesidad de cortar con los remanentes del trujillismo,
representaba a la pequeña burguesía y a los
profesionales. Tuvo poca presencia en las zonas rurales, aunque en el
Cibao recibió la ayuda de sacerdotes y laicos. Su discurso se
concentró en el ataque contra los trujillistas que
quedaban en el país, sobre todo en las Fuerzas Armadas. Su posición
política la resume su slogan de campaña: El hombre del
sombrerito cívico es eso, un cívico.
La
nueva JCE
El
cinco de mayo se promulgó la Ley Electoral y,
posteriormente, el Consejo de Estado designó como presidente
de la Junta Central Electoral (JCE), a Emilio de los Santos, y como
miembros a Julio A. Cuello y Abigail del Monte. El organismo
tenía previsto organizar los comicios en agosto, pero no fue
posible, dice el historiador Franklyn Franco, por la permanente
situación de agitación que vivía el país, sacudido todas las
semanas por protestas y huelgas, por la crisis económica y, cabe
destacarse, que un pequeño sector del Consejo de Estado quiso
aprovechar la situación para retrasar las elecciones y extender su
mandato. Subsanada esa crisis, por la intervención de Estados
Unidos y de grupos nacionales de presión, según Franco, los
comicios se pautaron para el 20 de diciembre. Ganó el binomio
Bosch-Armando González Tamayo, con el 60% de los votos emitidos, y
en segundo lugar quedó Fiallo-José Augusto Puig, con un 30% de los
votos.
La
partidocracia
Uno
de los temas recurrentes entre los dirigentes políticos era el
relacionado con el financiamiento a los
partidos. Bosch planteaba que el gobierno destinara recursos a
través de un Fondo Electoral. En 1962 hacían vida política
los partidos Revolucionario Social Cristiano, Alianza Social
Demócrata, Vanguardia Revolucionaria Dominicana, Nacionalista
Revolucionario Democrático, Progresista Demócrata Cristiano,
Revolucionario Dominicano Auténtico, Acción Social, Social
Cristiano, Progresista Demócrata. El Partido Socialista Popular y el
Movimiento Popular Dominicano eran considerados ilegales. El 20 de
noviembre de ese año la JCE rechazó el binomio Balaguer-Silfa,
presentado por el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico.
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El
miedo motivó el golpe de Estado de la derecha a Juan Bosch
El
Dia
25
de septiembre, 2019
Santo
Domingo.–Juan
Bosch fue
electo presidente de la República Dominicana en 1962, cargo que
asumió por un breve periodo en 1963. Su efímero gobierno fue
derrocado casi siete meses después de asumir la Presidencia
abortando
así la vigencia de una Constitución progresista basada en las
libertades y la justicia social.
El
27 de febrero de 1963, el escritor y político vegano de 53 años de
edad, se convirtió en el primer Jefe de Estado elegido en forma
democrática después de 31 años de la dictadura de Rafael L.
Trujillo Molina.
‘El
profesor Bosch ganó las elecciones con alrededor del 70% de los
votos, de manera que era un régimen legítimo, pero propuso un
programa democrático en el Estado amparado en la Constitución de
1963, y en el programa de Gobierno del propio Partido Revolucionario
Dominicano, y eso resultaba inaceptable para los actores del poder de
aquella época”, según explica el historiador Roberto Cassá.
A
juicio de Cassá, el
golpe de Estado
contra Bosch, hace 55 años, se produjo por razones económicas y
porque en aquella época la derecha no aceptaba lo democrático, le
tenía miedo a un gobierno liberal, “por su visión corporativa
elemental de manipular el poder del Estado”.
La
presencia de Juan
Bosch
en la vida política nacional, como el candidato presidencial del
Partido Revolucionario Dominicano, fue percibida como un cambio por
los dominicanos. Su manera de hablar, directa y sencilla, sobre todo
al dirigirse a las capas más bajas de la población rural y urbana,
le proporcionó una gran simpatía popular.
Aunque
fue víctima de una campaña sucia por parte de la Iglesia y los
sectores conservadores que lo acusaron de ser comunista, en las
elecciones del 20 de diciembre de 1962, Bosch obtuvo un triunfo total
sobre su principal opositor Viriato Fiallo de la Unión Cívica
Nacional. Fueron las primeras elecciones libres después de la muerte
del dictador.
El
27 de febrero de 1963, Bosch y Segundo Armando González Tamayo
tomaron posesión como nuevos Presidente y Vicepresidente de la
República Dominicana, en una ceremonia que contó con la
participación de importantes líderes democráticos y
personalidades, como Luis Muñoz Marín y José Figueres.
Bosch hizo inmediatamente una profunda reestructuración del país. El 29 de abril, se promulgó una nueva constitución de carácter liberal que concedía derechos desconocidos por los dominicanos. Entre otras cosas, consignó los derechos laborales y la libertad sindical, y se ocupó por sectores tradicionalmente excluidos como las mujeres embarazadas, los hijos ilegítimos, las personas sin hogar, niñez, la familia, la juventud y los agricultores, entre otros.
Bosch
enfrentó sectores tradicionalmente poderosos. Su actitud contra el
latifundio le acarreó la animadversión del sector terrateniente. La
Iglesia católica creyó que Bosch estaba tratando de secularizar el
país.
Los
industriales recelaban de los beneficios que la nueva Constitución
otorgaba a la clase obrera. Los militares, que antes disfrutaban de
la libertad de hacer lo que quisieran, sintieron que Bosch los
sometía.
A
las 2:30 de la madrugada es derrocado el presidente constitucional
Juan
Bosch mediante
un golpe
de Estado militar.
Juan Bosch es hecho preso en el Palacio Nacional, en donde permaneció
por varios días. Una Junta Militar asume el control político del
país mientras se configura el gobierno de facto que sustituirá al
gobierno constitucional del profesor Juan
Bosch.
La
asonada militar, encabezada por el entonces secretario de las Fuerzas
Armadas, mayor general Víctor Elby Viñas Román, acusó al gobierno
de Bosch de pro comunista.
A
través de un manifiesto, disolvieron las cámaras legislativas,
suprimieron la Constitución de abril de ese año así como todos los
actos emanados al amparo de esa Carta Sustantiva.
Una
Junta Militar Provisional asume control del gobierno hasta tanto se
integre un gobierno conformado por civiles.
El
golpe iba de cualquier manera
Si
bien Bosch no maniobró correctamente ante los planes de los
golpistas, el
golpe de Estado lo
iban a dar de cualquier modo, porque se trataba de un choque de
intereses, sostiene Cassá.
Después
del
golpe de estado
26
de septiembre
Una
Junta Cívica, integrada por tres personas, conocida como
Triunvirato, toma posesión del poder político.
El
Triunvirato estuvo originalmente integrado por Emilio de los Santos,
presidente, Enrique Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal,
miembros.
*Esta
historia fue publicada originalmente el 25 de septiembre de 2019.
Victor
Grimaldi: Asesor de embajada ordenó el golpe de Estado contra Bosch
Emilia Pereyra
Diario Libre
8 de octubre, 2018
SANTO DOMINGO. Aunque se ha escrito profusamente acerca del golpe de Estado que derrocó a Juan Bosch, la madrugada del 25 de septiembre de 1963, a 55 años de acontecimiento Víctor Grimaldi, periodista y diplomático, asegura que quien dio la orden a los militares dominicanos para que defenestraran al mandatario fue Anthony Ruiz, un consejo de la embajada de los Estados Unidos.
“Anthony Ruiz era el consejero de la embajada americana de asuntos policiales, de la AID. Era un programa de la Agencia Internacional para el Desarrollo”, afirma Grilmadi, quien agrega que el asesor seguía una línea política trazada por los Estados Unidos.
Durante una entrevista concedida a Diario Libre, el autor de Golpe y revolución, el derrocamiento de Juan Bosch y la intervención norteamericana y de varios libros relativos al tema y a otros tópicos, asegura que el testimonio se lo dio Benito Monción Leonardo, general retirado de la Policía Nacional, ya fallecido.
“Los militares dominicanos traicionaron la responsabilidad que tenían... de defender la Constitución y defender el poder legítimo representado por el presidente de la República. Ese fue un error muy grave que le costó al país mucho dolor y mucha sangre..., puntualiza.
Además, Grimaldi expresa: “La orden de destituirlo (a Bosch) se produce en el momento en que él dice, en una discusión que tiene con los altos mandos militares y policiales en el Palacio Nacional, que él va a convocar al Congreso Nacional para presentar su renuncia”.
No obstante, el autor recuerda que Bosch siempre dijo que quien dio la orden para que lo derrocaran fue el coronel Fritz Long, jefe de los asesores militares norteamericanos. “Él estaba ahí en Palacio en ese momento y eso está documentado”, agregó.
Respecto a Ruiz, el escritor y diplomático afirma que ese asesor de origen mexicano estuvo trabajando en la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana desde el año 1962, dirigiendo, con el patrocinio de la AID, el programa de seguridad pública y asistencia política.
El testimonio
En cuanto a Monción Leonardo, Grimaldi señala que este siempre tuvo una excelente fama como profesional académico y que lo citó en su casa para entregarle su novela Rosendo y darle algunas informaciones importantes sobre el derrocamiento de Bosch y otros sucesos.
Explica que Bosch había decidido renunciar porque los altos mandos de las Fuerzas Armadas no querían aceptar decisiones que había tomado, como fue, por ejemplo, el traslado del coronel Elías Wessin y Wessin, a la sazón jefe del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA), ubicado entonces en la base aérea de San Isidro, que tenía los tanques de guerra.
Aclara que otro tema que disgustaba a Bosch era que se estaban ejecutando planes en República Dominicana, sin su conocimiento, para operar campamentos de guerrilleros haitianos, a fin de derrocar al entonces presidente del vecino país, François Duvalier (Papa Doc).
Señala que Monción Leonardo era amigo de Bosch y le reveló que en septiembre de 1965, dos años después del golpe de Estado, evitó junto al entonces jefe de la Policía, general José Morillo López, que asesinaran al líder político en el recorrido que hizo desde el aeropuerto Las Américas a Santo Domingo, tras retornar de Puerto Rico.
Entonces, agrega Grimaldi, “había en las Fuerzas Armadas un sector muy recalcitrante antiboschista, antiperredeísta y antidemocrático”, que planeó el atentado contra Bosch desde el CEFA y los altos mandos militares.
El contexto epocal
A juicio de Grimaldi antes del derrocamiento de Bosch prevalecía en el país un ambiente conspirativo, y recuerda que en días anteriores se había producido “una huelga de comerciantes que fracasó”.
“Realmente hubo ciertas acciones de sectores que tenían resistencias a medidas que tomaba el gobierno de Juan Bosch, que era un gobierno democrático. Gobernaba en plena democracia y libertad”, responde cuando se le pregunta sobre el ambiente político de esa etapa.
Dice que sin embargo no se puede decir que el derrocamiento de Bosch fuera una especie de Crónica de una muerte anunciada, como han planteado algunos estudiosos del tema.
Desde su punto de vista, los sectores que habían gobernado después que Joaquín Balaguer salió del poder, tras la caída de Trujillo, pensaban que Bosch tendría el mismo destino.
El investigador de temas históricos y embajador dominicano ante la Santa Sede, explica que algunos de los personajes políticos y sus herederos, que representaban a las fuerzas económicas y sociales que habían respaldado el complot contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo, también apoyaron la trama contra Bosch, aunque después se arrepintieron y cuando estalló la revolución del 1965 varios tuvieron que salir corriendo de la República Dominicana.
Tras ser derrocado, luego de gobernar durante siete meses a la República Dominicana, Bosch fue trasladado a la isla de Guadalupe, en el Caribe francófono. Desde ese territorio el expresidente viajó por avión a Puerto Rico, donde residió hasta el 25 de septiembre de 1965, cuando retornó a la República Dominicana.
Bosch, escritor y entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano, se había juramentado como presidente el 27 de febrero de 1963, luego de ganar las elecciones del 20 de diciembre de 1962.
El 24 de abril de 1965 estalló la revolución, con la cual el bando constitucionalista reclamaba la restitución del político y afamado narrador como presidente de la República Dominicana.
Cuatro días después, el 28 de abril, se produjo la segunda intervención militar de los Estados Unidos en la República Dominicana en el siglo XX.
A fin de justificar la acción, el gobierno extranjero alegó que se buscaba evitar la instauración de otra Cuba, salvar vidas norteamericanas y propiciar una salida pacífica y un acuerdo entre las partes envueltas en el conflicto.
El presidente estadounidense Lyndon B. Johnson ordenó el desembarco de 42, 000 marines en el país, para impedir la propagación de la asonada, vinculada al comunismo, que alegadamente echaba raíces en el Caribe a través la revolución dirigida por Fidel Castro en la llamada Perla de las Antillas.
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SE
DIFUNDIÓ LA FALSA VERSIÓN DE QUE CUATRO HOMBRES DE SU AVANZADA
HABÍAN MUERTO Y QUE SI EL RESTO SE ENTREGABA SALVARÍAN SUS VIDAS
Una
información manipulada y una falsa garantía de su vida y la de sus
compañeros en las montañas, si se entregaban, derrumbaron los años
de lucha democrática de un líder cuyos ideales procuraban la
justicia social.
Sólo
los campesinos que fueron obligados a presenciar la masacre de
guerrilleros ocurrida en Las Manaclas, el 21 de diciembre de 1963,
conocen el pesar de Manolo Aurelio Tavárez Justo cuando intentaba
convencer a los militares de que solo él era responsable de su
insurrección en la montaña.
Los
16 hombres que lo acompañaban en ese momento cayeron baleados a sus
pies, uno por uno, y ya no le quedaba voz ni fuerzas para morir de
una forma digna frente a aquella escena desgarradora, cuando sólo
quedaba él.
Convencido
de que le habían mentido también cayó abatido junto a la gente que
creyó en sus ideales revolucionarios, pretendiendo restablecer la
Constitución del 63 que había sido anulada por el golpe de Estado
contra el presidente Juan Bosch, dos meses antes.
Su
instinto de combatiente lo hacía resistirse a la entrega solicitada
por las autoridades, pero esos 16 hombres le pedían que se rindiera
para poder salvar sus vidas.
Ese
fue el momento decisivo.
Manolo
se debatió entre el deber de un guerrillero de mantenerse firme y el
dolor humano, y cedió.
A
quienes prefirieron mantenerse en las montañas antes que rendirse al
enemigo les permitió irse, y apoyó a los cuatro que, dispuestos a
morir primero, decidieron presentarse ante militares armados para
informar que el grupo había optado por capitularse.
José
Daniel Ariza, Luis Peláez, José Crespo, Napoleón Méndez (Polón),
y Rafael Reyes (Pitifia) desistieron de la entrega inmediata porque
percibían que las intenciones de los militares golpistas eran
contrarias a las expresadas a través de la radio por Manuel Tavárez
Espaillat, del Triunvirato en el poder, prometiendo que se le
respetaría la vida.
Leonte
Antonio Schott Michel, Alfredo Peralta Michel, y Juan Ramón Martínez
(Monchi), que optaron por ir en busca de la paz, murieron ondeando la
banderita blanca; viendo por última vez su ropa manchada con la
sangre del patriota caído.
Emilio
Cordero Michel, que también sostenía la banderita blanca comandando
el grupo de los cuatro que tenían la difícil misión, resultó
ileso de las primeras ráfagas de dos militares armados de
ametralladoras con los que se encontraron a las cinco horas de
camino, lo que le permitió informar el propósito del encuentro.
Pero
poco duró la ilusión de conseguir la paz que buscaban los
compañeros de alzada, porque los fusiles no vacilaron en apuntar
hacia los guerrilleros cuando se entregaron, y no valieron los
esfuerzos de Manolo para que solo se ensañaran con él. Los mataron
a todos.
Momento
de conmoción
Juan
Germán Arias Núñez (Chanchano), quien cuenta esta historia al
equipo de investigación de LISTÍN DIARIO, encabezado por su
director Miguel Franjul, no puede mantener la mirada firme cuando
narra ese capítulo de su vida de guerrillero.
Rememorar
el sacrificio de su comandante lo destruye.
Él
formaba parte del frente que integraba Manolo Tavárez Justo,
compuesto por 26 personas, y de los tres que se salvaron de morir
junto a su líder porque habían salido rumbo al pueblo el 28 de
noviembre del ‘63 en busca de comida, medicinas y frazadas, ya que
las municiones se les había terminado.
Salvar
su vida en ese momento resultó tan crucial como haber podido morir
junto a Manolo, pues al ser vistos caminando circuló la falsa
noticia de que los que salieron a buscar comida habían muerto y que
el Ejército Nacional tenían al resto de los guerrilleros vigilados
y a punto de ser capturados.
Esa
noticia era un señuelo para que los que quedaban en las montañas
entregaran sus armas y poder eliminarlos sin resistencia,
humillándolos y desmeritándo los frente a los únicos que podían
salvarles la vida: los campesinos.
Esto
es lo que nubla el espíritu de Juan Germán Arias, quien a sus 67
años todavía sufre la pérdida del guerrillero que pretendía
cambiar el mundo represivo que vivían los dominicanos tras el golpe
de Estado del profesor Juan Bosch y devolverle al país la
Constitución de las libertades públicas.
Han
pasado 46 años de aquel día gris en que los campesinos de Las
Manaclas, en San José de las Matas, presenciaron cómo mueren los
héroes en el campo de batalla, y todavía Chanchano se siente
conmocionado.
Pacto
entre guerrilleros
La
forma en que cayó su amigo Manolo Tavárez ha perdurado en su
recuerdo de “torturas”, mucho más que cuando su piel temblaba al
comprobar la dureza del látigo y todo su cuerpo se estremecía con
la picana eléctrica que le aplicaron en enero de 1960 en la cárcel
de La 40, por ser antitrujillista.
La
misma sensación de impotencia sintieron los compañeros de Chanchano
en la misión de buscar provisiones para continuar en las montañas,
cuando vieron sus sueños perdidos con la caída de Manolo.
Fidelio
Despradel, Marcelo Bermúdez, Juan Germán Arias y Domingo Sánchez
Bisonó (El Guajiro) fueron los que salieron a cumplir esa tarea,
producto de un acuerdo al que arribaron en una reunión que
sostuvieron un día antes.
Chanchano
señala que la imprudencia del Guajiro al querer ir a una pulpería,
lo condujo a su muerte y a que los planes se quebraran.
“Él
conocía todos esos campos, era nuestro guía porque conocía la
ruta.
Pero
de buenas a primeras dice que quiere entrar a una pulpería a
orientarse porque se sentía perdido; lo identificaron como
guerrillero ¡y ahí lo atraparon! El alcalde le dio una estocada y
lo tiraron moribundo.
Antes
de morir nos dijo: “...mátenlos a todos”.
“Fidelio,
Marcelo y yo nos salvamos porque estuvimos en un ‘realismo
fantástico’, como dice Gabriel García Márquez, donde la realidad
es más fantástica que la misma fantasía. Todavía recuerdo cuando
me pusieron la pistola aquí, en la frente, al capturarnos buscando
provisiones. Ya habían matado a Manolo y a los otros; nos iban a
matar a todos, pero nos llevaron presos”.
EL
SACRIFICIO POR LA CONSTITUCIÓN DEL 63
GUERRILLA-Lo
que hicieron Manolo Tavárez Justo y los demás hombres al irse a las
montañas armados fue conformar una guerrilla para distraer a los
militares mientras otros grupos preparaban en la capital las
estrategias para restablecer el gobierno de Juan Bosch, tras el golpe
de Estado del 25 de septiembre de 1963. Una guerrilla es un frente
armado, compuesto por miembros civiles que asumen un papel militar
para sabotear.
GUERRILLEROS-
Fueron seis los frentes de oposición que se conformaron contra el
Triunvirato (órgano político que condujo el destino de la nación
tras el derrocamiento del presidente Juan Bosch), los cuales operaban
en El Seibo, San Francisco de Macorís, Altamira, Bonao- San José de
Ocoa, Sierra de Bahoruco y San José de las Matas, pretendiendo
restaurar la Constitución que había hecho Bosch y en la que
predominaba el respeto a la vida.
COMANDANCIAS-
Manolo Tavárez Justo y sus compañeros, todos miembros del
Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4) que combatía el régimen
trujillista, iniciaron la alzada guerrillera el 26 de noviembre de
1963.
La
habían anunciado en una Proclama al Pueblo días antes en la que
todo el país se enteró de que había un combate constitucional y
antigolpista, como resistencia por la revolución reinvidicadora de
la libertad.
LOS
CAÍDOS- Manolo Tavárez Justo, Jaime Socias, José Cabrera, Juan
Martínez, Jesús Barreiro, José Daniel Fernández, Rubén Díaz,
Domingo Sánchez, Manuel de Js. Founder, Leonte Schott, Fernando
Martínez, Antonio Filión, Canoabo Abel, Manuel de los Santos,
Alfredo Peralta, Francisco Bueno, Luis Ibarra Rios y Rubén Alfonso.
Wendy
Santana
Santo
Domingo
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José Francisco Peña Gómez irrumpe en la política nacional cuando hace un llamado por radio a que el pueblo salga a la calle a darle apoyo popular a los militares constitucionalistas a lo cual el pueblo respondio decididamente, convirtiendo el conflicto militar en una revolución constitucionalista. Fue vice-presidente de la Internacional Socialista y, hasta su muerte, fue el gran estratega del PRD y una de las figuras políticas más prominentes hasta su muerte.
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Lantigua Bravo, lider de los sargentos en la Guerra de Abril
Lantigua Bravo, lider de los sargentos en la Guerra de Abril
Este
movimiento, cuyo ideólogo, líder y guía fue el hoy sargento mayor
(aún no retirado) Pedro José Lantigua Bravo, se forma en noviembre
del 1963, cuya iniciativa, es inspirada por un grupo de coroneles,
los cuales en torno de reiteradas burlas hacían alarde del golpe
aquel en donde se decapitó el sistema democrático representado por
el profesor Juan Bosch.
Este
movimiento además de Lantigua Bravo, fue fundado, por Esteban Peña
Mena, Rafael William Méndez, Nelson William Batista, los cabos
Guarionex Nova y Luis Mariano Cueto, así como por el raso Ramón
Montes de Oca.
Dentro
de este grupo, habían 35 sargentos, 13 cabos, 20 rasos y 5 marinos,
para un total de 73 alistados que dijeron presente a la hora decisiva
para empuñar el fusil y luchar por la vuelta a la
constitucionalidad.
“Cuando
le dieron el golpe de estado a Bosch, ya a los tres meses estábamos
nosotros haciendo algunas reuniones de manera clandestina, en lugares
muy secretos, para no ser descubiertos, ese movimiento que era de
alistado, más tarde se le denomina como de Sargentos, que era
lidereado por mi, pero ese movimiento lo fundamos en el Campamento 27
de Febrero, cuando estaba en Villa Duarte.
Después
de la explosión del Polvorín, el Movimiento como que sufre una
notable baja y nos reuníamos entonces en otro lugar:, asegura.
Es
por vía del coronel Hernando Ramírez, que Lantigua Bravo llega
hasta el máximo líder de la vuelta a la constitucionalidad, Rafael
Tomás Fernández Domínguez, quien vino por esos días desde Chile,
solo que esa reunión no se pudo dar por razones que se desconocen
hasta el momento.
Sin
embargo, el Movimiento de Los Sargentos queda al descubierto cuando
Lantigua Bravo hace un viaje a San Cristóbal, a donde tenía
previsto el reclutamiento de otros alistados pertenecientes al
Batallón de Montaña; es ahí que un militar escucha la
conversación, la cual le es informada a los superiores del recinto.
Al
otro día, estando Pedro José Lantigua en su destacamento es llamado
por el Estado Mayor completo, y se le interroga sobre las
acusaciones, esas averiguaciones comenzaron a las 9 de la mañana y
todavía pasada la una de la tarde no habían concluido.
En
ese interrogatorio Lantigua dice que estuvieron presentes el jefe de
Estado Mayor del Ejército, general de brigada, Rivera Cueta, el
coronel Maximiliano Ruiz Batista, el mayor Pompeyo Vinicio Ruiz
Serrano y el jefe del G2, capitán García Tejada, entre otros.
Sin
embargo y pese al interés mostrado por los oficiales superiores,
sobre el Movimiento de los Sargentos este no dijo una sola palabra,
lo que le permitió al grupo continuar su trabajo, aunque ahora con
mucha mayor cautela 9.
Sábado
24 de Abril de 1965
Estando
Lantigua Bravo en la sede del Estado Mayor del Ejército, se entera
de la detención de unos oficiales superiores pertenecientes al
Campamento 25 de Noviembre; él con acceso al despacho principal sube
hasta el salón de conferencia y mirando con cautela al mayor Ramírez
Sánchez, este le hace una señal que es captada por el sargento, 10.
Fue
cuando este se acerca a Hernando Ramírez, le informa sobre lo
sucedido, procediéndose de inmediato por ordenes del segundo a que
escoja a varios de los hombre de más confianza y así iniciar
acciones que desencadenaron otras de mucho mayor envergadura.
“Mire
Lantigua, va a comenzar el movimiento en este momento, yo le
contesto, estamos dispuesto coronel, él vuelve y me dice, baje a la
primera planta y suba con los hombres que usted pueda, entonces yo
bajo y le digo: muchachos, el movimiento a comenzado, el que quiera
que me siga, cojo el fusil, marcho por la parte de atrás y el
capitán Peña Taveras coge por la parte izquierda”, recuerda.
Luego
de impartida las ordenes, el grupo de sargentos al mando de Lantigua
Bravo toman detenido al Estado Mayor en pleno del Ejército Nacional,
incluyendo, según recuerda, al general Marcos Aníbal Rivera Cueta.
Para
llevar a cabo dicha acción Lantigua Bravo se hizo acompañar de los
alistados Esteban Peña Mena, quien fue de los fundadores del
Movimiento de los Sargentos, un raso que solo es recordado por el
sobre nombre del “Triunviro” y el también sargento mayor Lino
Familia Medina.
Muy
temprano, en horas de la mañana, Lantigua junto al grupo de
sargentos que lo acompañaban desde el día anterior, bajaron desde
la sede del ejercito hasta el Campamento 25 de noviembre, y de ahí
con los oficiales presos, en donde los militares que servían en este
recinto deciden darle apoyo a Hernando Ramírez y a los que por
instrucciones del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez,
buscaban la vuelta a la constitucionalidad.
(Este
es un fragmento el capítulo 5 del libro que publicará próximamente
el autor y que trata sobre la participación de los hombres y mujeres
del Nordeste en la Guerra de Abril de 1965).
Juan
Miguel Román fue militante del 1J4. Estuvo preso en la Victoria
donde sufrió atropellos. Tan pronto lo soltaron, para evitar que lo
desaparecieran en libertad, se asiló aen una embajada. En el exilio
sufrió, en sus propias palabras, “hambre y frío”. Regresó
clandestinamente a RD y en la revolución de abril participa como
combatiente armado. Cayó en un intento de asalto al Palacion
Nacional junto al coronel Fernández Domínguez, Euclides Morillo, el
militar italiano Ilio Capocci y otros héroes de la revolución de
abril.
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La
República Dominicana: Causas de la intervención de 1965
Juan
Bosch
28
de abril, 1985
Al
cumplirse veinte años de la última intervención armada de Estados
Unidos en la República Dominicana, que se inició el 28 de abril de
1965, los dominicanos que luchamos por la liberación de nuestro país
debemos hacernos una pregunta que hasta ahora nadie ha hecho. Al
formularla la concibo así:
¿Qué
fines perseguía en verdad el Gobierno del presidente Lyndon B.
Johnson cuando éste dio la orden de iniciar la operación
intervencionista? ¿Qué había detrás de la agresión militar de
que fue víctima el movimiento constitucionalista iniciado el día 24
de abril de ese año? ¿Qué llevó a los altos funcionarios del
Gobierno de Johnson y al propio Johnson a decir que habían resuelto
enviar tropas a la República Dominicana porque el levantamiento
militar y popular del 24 de Abril era comunista y Estados Unidos no
podía tolerar la implantación de otro gobierno como el de Cuba en
América Latina, y sobre todo en la región del Caribe? ¿Era cierto
que los altos funcionarios del Gobierno estadounidense y el propio
jefe de ese gobierno creían en la naturaleza comunista del
levantamiento constitucionalista de una parte de las Fuerzas Armadas
dominicanas o actuaron con ese pretexto pero por otras razones?
En
el libro Dictadura con respaldo popular (Publicaciones Max, Santo
Domingo, segunda edición, febrero de 1971, pp.78 y siguientes), yo
hacía referencia a los muchos años de la lucha anti-trujillista y
daba nombres de personas que se habían destacado en ella, “sin
embargo”, decía, “esa lucha sólo tuvo éxito cuando el Gobierno
de los Estados Unidos, en tiempos del presidente Eisenhower, decidió
organizar a la todavía dispersa oligarquía dominicana a fin de que
ésta matara a Trujillo y tomara el poder”.
Con
un salto sobre un párrafo que no tiene nada de documental, copio a
seguidas lo que seguía, que eran datos precisos nunca antes dichos
en el país y nunca desmentidos a pesar de que fueron publicados en
julio de 1969 en la revista Ahora!, que era en esos años la más
importante y en consecuencia la publicación no diaria de más
circulación en el país; y lo que seguía era esto:
“El
encargado de realizar ese trabajo fue un coronel retirado de apellido
Reed, quien llegó a Santo Domingo y se puso en contacto con algunos
comerciantes importadores de artículos norteamericanos e ingleses. A
través de uno de esos comerciantes, Reed alquiló una casa en las
vecindades del hipódromo Perla Antillana; desde esa casa se dominaba
el palco donde se sentaba Trujillo cuando iba a presenciar alguna
carrera. En esa ocasión el dictador iba a ser cazado con un rifle de
mira telescópica, pero el plan fracasó porque por alguna razón
desconocida Trujillo dejó de ir al hipódromo”.
El
episodio que conté con esas palabras ocurrió a mediados de 1960 y
el comerciante que gestionó el alquiler de la casa desde la cual iba
a dispararse contra Trujillo fue Antonio Martínez Francisco, cuyo
nombre no mencioné en 1969 porque todavía a esa altura del tiempo
eran muchos los protegidos de Trujillo que mantenían vigencia
militar en el país y yo no debía exponer a Martínez Francisco al
peligro de ser eliminado por uno de ellos, sobre todo si se toma en
cuenta que fue él, Martínez Francisco, quien me dio detalles sobre
la actividad del coronel Reed, si bien debo decir que a Reed lo había
conocido en Washington en la ocasión en que pasé por esa ciudad de
viaje hacia Europa, y él, sin ofrecerme datos concretos, me dijo que
en 1960 había estado en la República Dominicana para darle
cumplimiento a órdenes que había recibido de funcionarios del
Gobierno de su país. Dicho eso, paso ahora a copiar los párrafos
del libro que seguían a los datos referidos.
“A
través de Antonio Martínez Francisco, el coronel Reed le propuso al
general Rodríguez Reyes que encabezara un complot cuya finalidad
sería matar a Trujillo. El general Rodríguez Reyes se negó a
organizar el complot o a participar en cualquier tipo de acción
contra ‘el jefe’, y Reed y sus amigos dominicanos temieron que
Rodríguez Reyes los denunciara; sin embargo, el hombre que poco más
de dos años después iba a caer en Palma Sola no los denunció.
Los
trabajos de Reed en la República Dominicana se prolongaron hasta muy
avanzado el año de 1960. En ese tiempo el coronel retirado
norteamericano conoció a mucha gente, y de una manera o de otra fue
conectando a esa gente, de modo que cuando salió del país ya estaba
prácticamente formado el núcleo de lo que iba a ser el sector
llamado a dirigir a la oligarquía nacional en el campo político.
Lo
que podríamos llamar ‘el plan Reed’ operaba a favor de una ola
anti-trujillista que estaba siendo estimulada por la crisis económica
que se había desatado en los Estados Unidos en 1957 y se había
profundizado en Santo Domingo debido a los gastos suntuosos de la
Feria de la Paz y se agravó a causa del bloqueo del régimen
trujillista acordado en San José de Costa Rica en agosto de 1960. En
el orden político, la crisis se manifestaba al nivel de todas las
capas sociales. La juventud de la mediana y la alta pequeña
burguesía, impresionada por el asesinato de los invasores del 14 de
Junio, se organizaba clandestinamente; la escasa burguesía nacional
estaba asustada por la magnitud de la crisis económica; los obreros
y los campesinos pobres sufrían por la falta de trabajo y el
encarecimiento de la vida; una parte de la baja pequeña burguesía y
del proletariado de las ciudades comenzó a ser organizada por los
líderes del MPD, que habían llegado de Cuba. Trujillo reaccionó
con violencia ante esa ola de actividades contra su régimen que se
extendía por todo el país; mató a centenares de luchadores, entre
ellos a las hermanas Mirabal; llenó de presos la cárcel de La
Victoria, inició la persecución del sacerdocio católico; apretó
de manera despiadada las tuercas de su régimen, cuya estabilidad
confió a la maquinaria de terror que dirigía Johnny Abbes García.
El
coronel Reed se fue del país, y al mismo tiempo que él se fue a los
Estados Unidos algunos de los oligarcas que habían estado trabajando
con él. Pero el plan norteamericano no quedó abandonado. La Radio
Swan fue puesta a la orden de algunos dominicanos; periódicos y
revistas de Norteamérica recibieron instrucciones de destacar las
noticias desfavorables al sistema de Trujillo; algunos jóvenes de
los que trabajaban en Santo Domingo fueron protegidos y sacados del
país cuando se tuvieron pruebas de que Abbes García había ordenado
su detención, y los funcionarios del consulado general de los
Estados Unidos en el país —pues las relaciones diplomáticas
habían quedado suspendidas después de la Conferencia de San José
de Costa Rica— siguieron haciendo contacto con los grupos
oligárquicos. Esta situación duró, por lo menos, hasta el día en
que el Gobierno norteamericano abandonó completamente el plan de
organizar el asesinato de Trujillo.
Ese
abandono se produjo cuando ya Kennedy estaba en el poder. La invasión
de Cuba había terminado en el fracaso de Bahía de Cochinos y era
altamente peligroso sumarle a ése un nuevo fracaso en la explosiva
zona del Caribe. En el caso de Bahía de Cochinos, Kennedy había
salvado la cara diciendo que él cargaba con la responsabilidad de
los hechos, ¿pero cómo hubiera podido salvarla de nuevo si Trujillo
salía inesperadamente diciéndole al mundo que había descubierto un
complot para matarlo y presentaba pruebas de que ese complot estaba
dirigido desde Washington? ¿No había sido una acusación similar
—la de que él había tratado de matar a Rómulo Betancourt,
presidente de Venezuela— la que se había usado para acordar en la
Reunión de Costa Rica el bloqueo de la República Dominicana? Dada
la naturaleza policíaca del Gobierno de Trujillo la conjura podía
ser descubierta en cualquier momento y la Casa Blanca podía quedar
ante el mundo como un nido de mentirosos empedernidos que al mismo
tiempo organizaba expediciones contra Fidel Castro porque era
comunista y planes de asesinato de Trujillo porque era un fanático
anticomunista.
La
retirada de Reed no detuvo, sin embargo, la marcha de los
acontecimientos que iban a desembocar en la muerte de Trujillo. Hasta
el momento no se han presentado pruebas de que los que intervinieron
en el atentado del 30 de mayo de 1961 tuvieron contacto con Reed o
con los norteamericanos que permanecieron en Santo Domingo después
de la salida del coronel retirado. Sólo se sabe que un
norteamericano, el dueño del colmado Wimpy —si es así como se
escribe el nombre de ese comercio—, introdujo en el país algunas
de las armas que se usaron en esa ocasión. De todos modos, si los
conjurados tuvieron esos contactos, el hecho no le resta méritos a
lo que hicieron, pues enfrentarse al dictador para matarlo no era un
juego de niños. Por otra parte, cualquier persona puesta en su lugar
habría actuado de manera insensata si hubiera rechazado la ayuda que
podían ofrecerle los yanquis. En la situación en que se encontraban
ellos y el país, toda ayuda era buena aunque procediera del
infierno.
Desde
el punto de vista político, lo que tuvo importancia trascendental en
esa ocasión no fue que los conjurados del 30 de mayo contaran con la
ayuda norteamericana, si es que la tuvieron; lo realmente importante
fue que el Gobierno de los Estados Unidos, encabezado entonces por el
demócrata John F. Kennedy, se aprovechó de la profunda crisis
económico-política del país —la más seria que había conocido
el país desde el año 1916— para darle a la oligarquía, que
todavía era políticamente incapaz de tomar los mandos del país, la
consistencia organizativa necesaria a fin de que a la muerte de
Trujillo pudiera tomar el poder y lo usara en perjuicio del Pueblo y
en beneficio, sobre todo, de los intereses norteamericanos.
En
los sucesos que se han dado en Santo Domingo a partir de la muerte de
Trujillo puede verse con claridad absoluta y con detalles nítidos
cuál es el papel que juegan los Estados Unidos en la formación y la
consolidación de los frentes oligárquicos. Fueron ellos los que
formaron el frente oligárquico dominicano entre 1960 y 1961, y en
ese frente, como en todos los de América Latina, ellos pasaron a
ser, desde el primer momento, el miembro más poderoso. Como
representante político de ese frente formaron la Unión Cívica
Nacional, cuya organización fue planeada en Washington con la
participación de Donald Reid [Cabral] y [José Antonio] Bonilla
Atiles. El primer vehículo de propaganda de la Unión Cívica fue
una estación de radio de New York que estaba al servicio del
Gobierno norteamericano”.
Lo
que dije desde París en artículos escritos en el mes de julio de
1969 vino a ser confirmado por el periodista Víctor Grimaldi al
darles publicidad en el diario La Noticia del 19 de abril de este año
(1985) a documentos oficiales del Gobierno de Estados Unidos que
consultó en la Biblioteca John F. Kennedy de Boston y en los
archivos del Consejo Nacional de Seguridad de Lyndon B. Johnson, en
Austin, Texas. En esa publicación Grimaldi dice que “el presidente
demócrata John F. Kennedy estaba de acuerdo con su antecesor, el
presidente republicano Dwight Eisenhower, en el sentido de que la
tiranía trujillista podría provocar una resistencia que diera paso
a un movimiento revolucionario similar al de Fidel Castro (en Cuba).
Por tanto, tal como lo revelan los documentos oficiales
norteamericanos, Kennedy también comprometió al gobierno de su país
en los planes para eliminar a un ‘anticomunista a ultranza’ como
Trujillo con el propósito de que el fanatismo de ultraderecha no
facilitara los planes de los simpatizantes de Fidel Castro que
pudieran haber en el país (República Dominicana) por aquella
época”.
Trujillo
fue muerto el 30 de mayo de 1961, y Víctor Grimaldi halló en la
Biblioteca John F. Kennedy documentos que “revelan que el 5 de mayo
(de ese año) se reunió el Consejo Nacional de Seguridad para
analizar la situación de la República Dominicana, Haití y Cuba”.
Ese día, refiere Grimaldi, el teniente general Earle G. Wheeler le
envió al mayor general Chester Clifton Junior, ayudante militar del
presidente Kennedy, un memorándum —el número DJSM-546-61— que
decía: “Si las circunstancias de la República Dominicana
requieren el uso de fuerzas de los Estados Unidos, los planes
requeridos están en las manos de las unidades que participarán, y
las fuerzas están listas. Los comandantes apropiados de las fuerzas
asignadas del Comando del Atlántico han sido alertados de que puede
haber problemas en la República Dominicana”, y luego describe esas
fuerzas diciendo que incluían 14 destructores, un Phibron con un
batallón menos una compañía y un escuadrón de aviones de combate.
Esos
documentos revelan que veinticinco días antes de que Trujillo fuera
muerto a tiros mientras salía de la ciudad de Santo Domingo en
dirección hacia San Cristóbal el presidente Kennedy estaba listo
para actuar militarmente en la República Dominicana si los
acontecimientos que esperaba se darían en este país requerían de
una intervención armada de Estados Unidos, y revelan también que lo
que haría el demócrata John F. Kennedy seguía la misma línea de
acción que había establecido su antecesor inmediato, el general
Dwight Eisenhower, cuyo gobierno dirigió el acuerdo de San José de
Costa Rica mediante el cual el Gobierno de Trujillo fue económica y
diplomáticamente aislado del resto de los Estados de las dos
Américas por haber tramado el asesinato del presidente de Venezuela,
Rómulo Betancourt. El 3 de junio, tres días después de la muerte
de Trujillo, el Gobierno de Kennedy envió a las costas dominicanas
nada menos que 40 unidades navales; y en noviembre de ese año,
cuando Ramfis, el hijo de Trujillo, y un grupo de altos oficiales de
su confianza se negaban a salir del país tras haber dado muerte a
los sobrevivientes de la conjura que culminó en la muerte del
dictador, John F. Kennedy envió otra flota a la cabeza de la cual se
hallaba nada menos que el portaviones Intrepid.
Lo
que un observador, que no tiene que ser necesariamente muy sagaz,
puede sacar en claro de la identidad de actuación ante el caso
dominicano de un Gobierno estadounidense republicano y otro demócrata
se resume en pocas palabras; esos dos gobiernos, el de Eisenhower y
el de Kennedy, fueron en su política exterior, por lo menos en la
región del Caribe y hasta cierto punto en el Sudeste Asiático,
partidarios de la aplicación de la Doctrina Truman pero no pudieron
ejecutarla como lo haría Johnson lo mismo en el Caribe que en
Vietnam. Kennedy trató de aplicar esa llamada doctrina en Cuba y fue
derrotado por la decisión de los cubanos, no porque dispusieron de
más elementos de guerra que los invasores llevados por el Gobierno
norteamericano a Bahía de Cochinos; Johnson la puso en práctica en
la República Dominicana pero fracasó de manera humillante cuando
quiso ejecutarla en Vietnam, y fracasó a tal punto que su empeño en
mantener la guerra en la antigua Indochina le costó el poder puesto
que no se atrevió a presentar su candidatura presidencial para un
segundo período dada la oposición del Pueblo de los Estados Unidos
a esa guerra y al gobernante norteamericano que la llevaba a cabo.
Conviene tener presente que también Nixon fue partidario de la
aplicación en la política exterior de su país de la Doctrina
Truman, que ha sido en resumen la de llevar la guerra sin limitación
alguna a cualquier país que se proclame socialista lo mismo si está
situado en tierras del Nuevo Mundo, como sucedía con Chile, que si
se halla en los confines de África, como es el caso de Angola y
Etiopía; y naturalmente, el más empecinado en la aplicación de lo
que dictaminó Harry S. Truman cuando proclamó, el 12 de marzo de
1947, la llamada Doctrina de la Guerra Fría, nombre con que la
bautizaron los periodistas de varias partes del mundo, es Ronald
Reagan, para quien la misión de Estados Unidos es destruir el
socialismo dondequiera que se establezca o se tema que lo haga, y
destruirlo mediante el uso del poderío militar, tal como hizo él en
Granada.
De
este breve resumen con que expongo, no juicios sino hechos, brota una
comparación con lo que estuvieron haciendo los gobiernos
norteamericanos antes de la Segunda Guerra Mundial y desde fines del
siglo pasado cuando usaban sus fuerzas armadas para arrastrar a
países militar y económicamente débiles a su hegemonía económica;
esto es, lo que varias generaciones de latinoamericanos han conocido
con el nombre de imperialismo. En la etapa imperialista los gobiernos
estadounidenses usaban su poder militar para explotar las riquezas
naturales y el trabajo humano de países pequeños, lo mismo si
estaban cerca de su territorio —Cuba, Nicaragua, Haití, la
República Dominicana, Puerto Rico, Panamá—,como si se hallaban a
distancias de varios días de navegación, que era el caso de Guam,
Hawai y Filipinas. La explotación requería previa ocupación
militar, que en algunos casos acabó siendo ejercida por una mezcla
de tropas metropolitanas y policías o soldados naturales del
territorio ocupado como sucedió en Puerto Rico, territorio español
en el Caribe que ha sido convertido en una colonia aunque toda su
población tenga la ciudadanía norteamericana, incluyendo entre los
ciudadanos al gobernador de la isla, o en un Estado de la Unión,
como es el caso de Hawai.
Tenemos, pues, que en los años del imperialismo llegaban primero los soldados, casi siempre miembros de la Infantería de Marina, y tras ellos los banqueros, los comerciantes; los agentes económicos de la intervención militar, a los que seguían los agentes religiosos, pastores de iglesias protestantes, y los agentes culturales que tenían a su cargo demostrar que en ningún pueblo de la Tierra se vivía con más holgura y seguridad que en Estados Unidos, el paraíso de los ambiciosos donde cualquiera podía hacerse millonario.
Ahora,
en la época de las empresas transnacionales no hay necesidad de
tomar por medio de las armas un territorio dado porque los llamados
inversionistas de dólares tienen a su servicio gobiernos interesados
en que se instalen en sus países; ahora la agresión militar se
lleva a cabo por miedo, un miedo pavoroso a que el comunismo se
expanda por las porciones del mundo desde las cuales puede penetrar
en Estados Unidos o puede cercar la tierra del dólar y esterilizarla
de tal manera que en ella se acaben los multimillonarios.
Ocurre,
sin embargo, que la intervención se ejecuta por miedo al comunismo
pero se afirma mediante la instalación de empresas industriales,
bancarias, comerciales que se hacen al favor del poder militar
interventor y del debilitamiento del poder político del país
ocupado. Ese es el caso de la República Dominicana, que fue ocupada
por las Fuerzas Armadas estadounidenses por miedo a que en el país
se estableciera el comunismo y acabó siendo convertida en una
neo-colonia suministradora de trabajo asalariado barato, de
facilidades Para montar negocios, lo mismo industriales como la Gulf
and Western o la Falconbridge que financieros como el Bank of
América, el City Bank o el Chase Manhattan Bank.
En
la etapa que podría denominarse de invasión de empresas
capitalistas norteamericanas en un país que ha sido agredido
militarmente el Gobierno estadounidense se convierte en el agente
introductor de las empresas, y en algunos casos ese gobierno es
representado por los funcionarios más altos. Así, por lo menos,
sucedió en la República Dominicana, donde la Gulf and Western
Incoporated, que figura en la conocida lista de Fortune en lugar
destacado entre las 500 multinacionales más importantes de Estados
Unidos, fue introducida por recomendación directa del presidente
Johnson ante el presidente Joaquín Balaguer cuando los dos jefes de
Estado se reunieron en Punta del Este, Uruguay, en el mes de abril de
1967. La Gulf and Western inició sus negocios en el país comprando
las instalaciones del Central Romana a su propietaria, la South Porto
Rico Sugar, y en menos de diez años se había convertido en una
potencia industrial, comercial y financiera dueña de negocios de
todo tipo entre los cuales estaban, además de la producción y venta
de azúcar y furfural, de frutos tropicales, de cemento, grandes
instalaciones turísticas con aeropuerto propio, zonas francas y una
firma financiera.
La
Gulf and Western Industries es un ejemplo de empresa neocolonial
establecida mediante el uso del poder estatal de su país de origen,
pero es necesario decir que el poder estatal norteamericano no se
mantiene en la República Dominicana alimentado únicamente por el
peso en la economía de Estados Unidos que tienen empresas como ésa;
se mantiene primordialmente por la autoridad que impone el poderío
militar de aquel país sobre las Fuerzas Armadas dominicanas. Para la
generalidad de las personas, tanto en nuestro país como en los de
Europa, América Latina y Estados Unidos, la intervención armada de
1965 terminó cuando las tropas norteamericanas retornaron a sus
cuarteles en Puerto Rico y Norteamérica, y sin embargo no sucedió
así porque la reorganización de las fuerzas militares dominicanas
fue impuesta por los interventores y los que quedaron en las
posiciones de mando de esas fuerzas fueron hombres escogidos entre
los que habían demostrado lealtad a los principios ideológicos del
Pentágono cuyos representantes aquí serían los miembros de la
Misión Militar norteamericana. Naturalmente, en casos similares hay
siempre excepciones y las hubo también en la República Dominicana,
pero en número muy limitado.
El
ejercicio de la autoridad militar de Estados Unidos en nuestro país
ha tenido muchas manifestaciones y a seguidas vamos a exponer algunas
de las más ostensibles porque las que se han hecho de manera
encubierta aparecerán en público sólo cuando sea posible examinar
sin limitaciones los documentos secretos que se guardan en los
archivos del Pentágono y del Consejo de Seguridad Nacional
estadounidense.
De
las actuaciones conocidas, la más importante fue la misión
encabezada por el general Dennins McAuliffe, jefe del Comando Sur
(Zona del Canal, Panamá) del Ejército de Estados Unidos, formada
por él y por varios coroneles que llegaron al país a cumplir
órdenes del presidente Antonio Guzmán, quien, tomó posesión de la
presidencia de la República el 16 de agosto de 1978 y se proponía
retirar a los numerosos jefes militares que en la noche del 16 al 17
de mayo de ese año habían puesto en ejecución un plan para
sustraer la documentación de las elecciones que se habían celebrado
el día 16. Los documentos habían sido llevados a la Junta Central
Electoral donde estaba haciéndose el conteo de los votos emitidos y
las noticias en que se daba cuenta de ese conteo eran transmitidas
por estaciones de radio, razón por la cual pasada la media noche
empezó a conocerse que los resultados estaban siendo favorables al
candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, el
señor Antonio Guzmán, y a eso de las 3:30 de la mañana entraron al
local de la Junta Central Electoral fuerzas militares que se
apoderaron de la documentación y la llevaron a lugares controlados
por ellos.
A
raíz de ese hecho se declaró en la jefatura de la Policía que el
ganador de las elecciones había sido el presidente Joaquín
Balaguer, quien mantenía el poder desde hacía años con apoyo
político, económico y militar de cuatro gobiernos norteamericanos:
los presididos por Johnson, Nixon, Ford y Carter. El Dr. Joaquín
Balaguer había sido elegido presidente en el año 1966 con el
beneplácito del Gobierno de Johnson, quien le dio toda suerte de
respaldo incluyendo el envío desde Miami en aviones que aterrizaban
en la base aérea de San Isidro, a 15 kilómetros de la ciudad de
Santo Domingo, cargados de urnas llenas de votos falsos; en las
elecciones de 1970 no figuró el Partido mayoritario de la oposición,
el Partido Revolucionario Dominicano, debido a que el Gobierno no
ofrecía garantías de ninguna especie a los activistas electorales
de ese partido, y en las de 1974 el PRD se retiró 24 horas antes por
la misma razón; pero en las de 1978 la situación había cambiado
porque el PRD había abandonado del todo, desde fines de 1973, su
línea de oposición a la Gulf and Western y en general a la política
de entrega de las tierras y las minas del país a empresas
norteamericanas, y con ese abandono pasó a ser la organización
política favorita del Gobierno de Estados Unidos, que estaba
encabezado en 1978 por Jimmy Carter. Carter en persona dirigió el
operativo político y militar destinado a sacar del poder al Dr.
Balaguer y llevar a él a Antonio Guzmán y en poco tiempo consiguió
que el Dr. Balaguer accediera a reconocer la victoria electoral de
Guzmán si a él se le atribuía la victoria en cuatro provincias
donde su partido había perdido las elecciones, con lo cual él
pasaba a tener mayoría de un asiento en el Senado.
En
el orden político, Carter aceptó la propuesta de Balaguer y con él
la aceptó Guzmán, pero tanto Carter como Guzmán se reservaron el
uso del poderío militar norteamericano Para mostrarlo en el momento
mismo en que Guzmán pasara a ser presidente de la República
Dominicana, y así se hizo con el envío del general McAuliffe y
varios coroneles del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos cuya
misión fue ejecutar, pidiéndoles a los afectados que las aceptaran,
las órdenes de retiro de varios generales y coroneles dominicanos
considerados políticamente adictos al Dr. Balaguer. Posiblemente con
esa operación se inició una nueva etapa en el uso del poderío
militar estadounidense en condición de instrumento de dominación
política en países neocoloniales.
La
supervisión de la situación militar y política del país por parte
del Pentágono ha estado a cargo, desde agosto de 1978, del propio
general McAuliffe, quien volvió a la República Dominicana poco
después de su primera visita; del general Robert B. Tanguy,
comandante de la División Aérea Sur de la Aviación y
vicecomandante en jefe del Comando Sur con asiento en Panamá. El
general Tanguy se reunió con el presidente Guzmán el 9 de
septiembre de 1979. El 29 de enero de 1980 llegó el mayor general
Robert L. Schweitzer, director de Estrategias, Planes y Políticas
del Ejército, quien en declaraciones a la prensa dominicana dijo que
había venido a brindar apoyo para combatir la subversión comunista
y para “fortalecer con nuestros amigos de la República Dominicana
las acciones políticas, sociales, económicas y militares que
podamos hacer juntos frente a esa amenaza comunista”, y afirmó que
Estados Unidos “sabe bien la posición estratégica que tiene la
República Dominicana, especialmente porque está ubicada entre el
Canal de la Mona y el Paso de los Vientos y ésa es una razón por la
que todos los barcos que se dirigen al Canal de Panamá necesitan
pasar por aquí”.
Apenas
mes y medio después, el 14 de marzo, llegó el almirante y general
de cuatro estrellas Harry D. Train, jefe de la flota, y también él
hizo declaraciones sobre el peligro del “avance del comunismo”;
el 12 de mayo vino el teniente general Wallace Nutting, nuevo jefe
del Comando Sur del Ejército con sede en Panamá; el jefe de la
Fuerza Aérea del mismo Comando, el general James Walters, se reunió
el 30 de septiembre con el presidente Guzmán; el 1º de junio de
1981 llegó, en condición de enviado especial del presidente Reagan,
el teniente general retirado Vernon Walters, conocido como agente
político-militar al que se le atribuye estar muy versado en los
problemas políticos y militares de la región del Caribe.
El
general Robert L. Schweitzer volvió al país al comenzar el mes de
agosto de 1983 en calidad de presidente de la Junta Interamericana de
Defensa y se entrevistó con el presidente Jorge Blanco; menos de dos
meses después, el 27 de septiembre, vino acompañado de varios
oficiales el mayor general William E. Masterson, vicecomandante en
jefe del Comando Sur y comandante de la División Aérea de ese
Comando en Panamá; el 19 de marzo de 1984 llegó el almirante Ralph
Hedge, jefe de la Fuerza Naval de Estados Unidos en el Caribe, y un
año después, el 19 de marzo de 1985, llegó el jefe de la Flota
Atlántica y del Comando Naval de Estados Unidos, almirante Wesley
McDonald, quien declaró en rueda de prensa que Estados Unidos
intervendría militarmente el país si el Gobierno dominicano lo
solicitaba y si las circunstancias del momento lo aconsejaban;
reafirmó el respaldo militar norteamericano a la República
Dominicana e hizo los consabidos señalamientos anticomunistas. El
presidente Jorge Blanco, a quien el militar estadounidense no había
visitado, por lo menos públicamente, visitó el portaviones Nimitz,
en el cual viajaba el almirante McDonald.
Aunque
parezca innecesario, debo decir que las visitas de los jefes
militares mencionados en estas páginas fueron acompañadas de
exhibiciones de poder naval y aéreo porque en la mayoría de los
casos vinieron al país en transportes de guerra que eran aviones o
portaviones, fragatas y destructores armados de cohetes, todo lo cual
se ha estado haciendo para dejar en el ánimo de los militares
dominicanos, y por lo menos de una parte de nuestro pueblo, la idea
de que el poderío militar de Estados Unidos es invencible.
En
resumen, lo que surge de un análisis de las causas que dieron origen
a la intervención armada de Estados Unidos en la República
Dominicana iniciada el 28 de abril de 1965 con el pretexto de que en
nuestro país se había producido un levantamiento comunista es la
convicción de que con esa acción Estados Unidos dejó atrás la
etapa del imperialismo impulsado por razones económicas que había
sido su política de penetración y dominación mundial desde fines
del siglo pasado hasta mediados del actual y pasó a actuar en el
terreno militar en forma de agresión armada defensiva por miedo a la
instauración del comunismo en territorios que el capitalismo
norteamericano consideró desde los tiempos de Monroe reservas
destinadas a ser usadas por él.
La
Revolución Rusa no alarmó a los capitalistas estadounidenses
mientras no apareció en uno de esos territorios que habían sido
considerados reservas para ser explotadas por ellos. La alarma
primero y el miedo después a ese sistema social, político y
económico que reemplaza al capitalismo apareció en Estados Unidos
cuando quedó instalado en Cuba, y aun desde antes, puesto que fueron
las sospechas de que la Revolución Cubana era comunista lo que
provocó la formación de la fuerza expedicionaria llamada a penetrar
en Cuba por Bahía de Cochinos.
El
miedo del Gobierno de Eisenhower al establecimiento de un régimen
comunista en Cuba llevó al gobierno revolucionario cubano a apoyarse
en la Unión Soviética, primero económicamente y después en la
ayuda militar, única manera de sobrevivir a las amenazas políticas
y las medidas económicas que le llegaban de Estados Unidos y por fin
a la convicción de que por órdenes del presidente Eisenhower la CIA
estaba organizando una fuerza armada de cubanos que habían pasado a
vivir en Estados Unidos.
La
expansión del llamado comunismo, que en realidad es socialismo y
puede tardar hasta cien años en pasar a ser comunismo, aterra a los
capitalistas de Estados Unidos y con ellos a sus representantes
políticos a tal punto que una isla minúscula del Caribe como es
Granada le pareció al Gobierno del presidente Reagan un continente
gigantesco lleno de cohetería y toda suerte de armas imbatibles
destinadas a aniquilar no sólo el poderío sino la población entera
de Norteamérica. En la República Dominicana, donde el año 1965 no
había cien comunistas, el miedo de Johnson y de todos los altos
funcionarios de su gobierno dio lugar a la intervención armada cuyas
causas se estudian en estas páginas, pero esa intervención creó
una fecha histórica, y con ella una bandera de lucha por la
liberación nacional alrededor de la cual se organizan los mejores
hijos del Pueblo.
En
el escudo de esa bandera figuran los mártires de 1965 y dos nombres
de jefes militares que entraron en la historia nacional: Francisco
Alberto Caamaño y Rafael Fernández Domínguez.
A
ellos dedica el autor estas páginas.
Francisco
Caamaño Deñó, coronel constitucionalista en 1965 y presidente
interino de la república durante la guerra de abril. Máximo líder
militar de la Revolución de Abril después de la caída en
combate
del joven coronel Fernández Domínguez. Después de negociar el
cese al fuego con
los militares americanos, se fue al exilio en Europa. De ahí viajó
a Cuba donde se entrenó en guerra de guerrilla. En
1973 desembarcó en Playa Caracoles con 8 combatientes. Fue capturado
herido y fusilado el 16 de febrero en San José de Ocoa.
La
guerra de abril de 1965: los muertos que nunca se pudieron contar
Alejandro
Paulino Ramos
Historiador,
Academia Dominicana de la Historia
14
de mayo, 2014
SANTO
DOMINGO, República Dominicana (Alejandro Paulino Ramos). Los
historiadores dominicanos han calculdos el número de muertos durante
la Revolución de Abril en unos 5,000, incluyendo civiles y
militares; pero no existe una estadística exacta y creíble de las
personas que perdieron las vidas o desaparecieron en la contienda
civil, ya que los organismos oficiales no pudieron determinar el
paradero de cientos de desaparecidos y además, porque muchos civiles
fueron asesinados, sus cuerpos desaparecidos y los familiares,
posiblemente por miedo, no reclamaron sus cadáveres ni indagaron sus
paraderos. En los días posteriores a la revolución de Abril se
habló de enterramientos en fosas comunes en la zona de Yamasa y la
Victoria, así como en otros lugares en la periferia de la Capital,
pero eso nunca pudo ser confirmado.
En
el periódico Listín Diario del 9 de noviembre de 1965, apareció la
información dada por la Cruz Roja Internacional: 2,850 dominicanos
muertos entre el 24 de abril y el 12 de julio, aunque se aclara que
la cifra pudo ser más elevada. “No se ha registrado el total
porque muchos muertos fueron recogidos por los familiares y algunos
enterrados en el mismo lugar donde morían”.
En
medio de la contienda, la Cruz Roja realizó 150 incineraciones y
recogió 3,000 heridos, los que fueron trasladados en ambulancias y
otros tipos de vehículos a los distintos hospitales y clínicas
privadas; efectuó 4,000 evaluaciones de personas y realizó 4,500
servicios de emergencias. Más de 200,000 personas fueron vacunadas
para evitar las epidemias que amenazaban con afectar la población de
la capital. En aquellos días se expandió una enfermedad de la piel
que muchos comenzaron a llamarle “guachipa” y otros la señalaban
como “la peseta”.
Unos
300 policías, dice el informe, murieron o desaparecieron durante la
revuelta de abril. Esta cifra aparece en el Listín Diario del 30 de
noviembre de 1965, pero en el periódico se explica que la cifra
exacta no se podía determinar hasta tanto no se reintegraran a sus
cuarteles todos los agentes que participaron en la guerra. Además,
entre los muertos y desaparecidos se incluyeron a muchos desertores
que se encontraban o se fueron al interior del país y que
presumiblemente no tuvieron interés en seguir en las filas de la
Policía.
Muchos
de estos salvaron sus vidas durante el asalto a la Fortaleza Ozama,
cuando lograron cruzar a nado el río Ozama y cruzar a la parte
oriental de la ciudad, bajo control de las tropas de Wessin y Wessin.
Al momento del asalto, en la fortaleza había aproximadamente una
cantidad cercana a los 1,000 policías y muchos de ellos quedaron
como prisioneros de las fuerzas rebeldes, pero sus vidas fueron
respetadas por los constitucionalistas.
Aunque
todavía los historiadores dominicanos no se han puesto de acuerdo en
relación a la cantidad de muertos, heridos y desaparecidos en la
contienda civil, Hamlet Hermann, en su libro "Eslabón Perdido;
gobierno provisional 1965-1966", página 89, publicado en el
2009, reconstruye una parte de las estadísticas de aquellos cinco
meses de lucha civil-militar:
“Parecía
no bastar a los militares que durante los primeros 85 días del
reciente conflicto armado, entre el 24 de abril y el 17 de julio de
1965, la Cruz Roja Dominicana comprobara y registrara 2 mil 850
civiles dominicanos muertos”.
“Las
bajas estadounidenses durante los combates fueron estimadas por sus
propios organismos en 44 muertos y 172 heridos. De parte de las
tropas dominicanas que se plegaron a los invasores hubo 500 muertos
de las Fuerzas Armadas y 325 de la Policía Nacional. Entre los
combatientes constitucionalistas se estimaron en 600 los muertos. Los
heridos en sentido general fueron estimados por la Cruz Roja en cerca
de 3 mil”.
“Un
estimado razonable de las bajas producidas durante la crisis
dominicana de 1965, muertos y heridos, podría señalarse entre seis
y siete mil personas. (Véase Palmer, Bruce; Intervention in the
Caribbean; the Dominican Crisis of 1965, The University Press of
Kentucky, 1989, página 137)”.
Estas
son las cifras más cercanas sobre los muertos, heridos y
desaparecidos en medio de la guerra de abril de 1965; pero nadie se
ha sentado a contar, con informaciones fidedignas, la cantidad de
prisioneros, fusilados, ni los torturados en manos de las tropas del
CEFA y de lo que para entonces eran las tropas de San Isidro, que
fueron las fuerzas más beligerantes en la lucha por evitar el
regreso a la vida democrática y constitucional. Algún día lo
sabremos, esperemos
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